Ferrovial puede estar a punto de cambiar su sede a Países Bajos. Hablamos de una gran multinacional española con casi 70 años de Historia, artífice de buena parte de nuestras infraestructuras.
"Pataleta" es la mejor palabra para definir la reacción del Gobierno; "amenaza", la peor.
La ministra de Economía trasladó al presidente de la compañía que le parece una decisión errónea. Sí, se supone que al presidente le tiene que importar su criterio. Pedro Sánchez afea a la empresa su falta de compromiso con el país. Sí, se supone que ha de temer no tenerlo. Ione Belarra lo tilda de "antipatriota" y propone que devuelva las "ayudas públicas", y la ministra de Hacienda insinúa que investigará a la compañía hasta poder encontrar algo ilegal. Con todos ellos, la habitual legión de correligionarios no políticos que aplauden estas palabras.
Frente a todo esto, adjunto mi opinión como persona que no aspira a que su modo de vida o su autoestima dependan de supeditar sus palabras a la demagogia y asemejar sus actos a los de la mafia.
En efecto, Ferrovial podría dejar de ser española. Y ciertamente, su gesto no es patriótico. ¿Y? No es obligatorio ser español ni patriota. Afortunadamente, esa última obligación murió con los regímenes autoritarios del siglo XX.
¿Nos lo deben todo? ¿Han crecido gracias a nosotros? No puede haber más errores en estas afirmaciones.
En primer lugar, en los concursos públicos no queda nada a deber, pues los pagos no son una ayuda, sino un precio, la única manera de conseguir lo que la empresa nos puede dar a cambio. Teniendo en cuenta que hay ciertas infraestructuras que no se pueden adquirir de forma privada, porque así lo impide la regulación. Que no vendan nuestra aportación como contribuyentes como una gracieta a la empresa, cuando es la única opción que el Estado, y no Ferrovial, nos deja para tener determinadas infraestructuras.
En segundo lugar, para el ciudadano tal vez este sea el momento de plantearse los desajustes morales que los contratos públicos pueden generar, aprovechando este mismo ejemplo, en lugar de proponer aún más intromisión en el sector privado que, de forma mágica, "ahora sí funcionará".
En tercer lugar, si Ferrovial, por debérnoslo, debiera entregar el dinero recibido, también debería retirar los kilómetros de comunicaciones y las infraestructuras que ha construido en España. Seguro que los políticos saben hacer algo mucho más útil con ese dinero en el gran solar que quedará libre.
Buena parte de la sociedad considera que las personas deben poder elegir su carrera, su lugar de residencia, su nombre o su sexo registral sin más aval que su voluntad. Tan pulcro es su respeto que les ofende, considerándolo un cuestionamiento opresivo, cualquier indicio de justificación que se les pida a ellos u otros. Pero ¿es esto porque creen, como regla general, que todos los seres humanos tenemos derecho a un plan de vida propio frente al colectivo? ¿O sólo quienes pasen por el filtro de la sensibilidad ideológica o las necesidades estadísticas, sociales y económicas del momento? Sólo hay una explicación para que muchos de los ya citados ciudadanos quieran impedir a otros muy concretos ejercer las mismas elecciones sobre sus vidas: el dinero que de ellos se puede extraer. La visión de estos como billeteras andantes, despojadas de derechos, a las que no se debe dejar huir.
La única institución que nos debe todo, y que ha crecido gracias a nosotros, es Hacienda; así como, a través de ella, la clase política, que nos tiene a todos como acreedores.
Y, por lo visto, a partir de cierto tramo, como rehenes.
(Por cierto: ¡este blog cumplió 10 años el pasado 16 de febrero!)
