Con la cercanía de los comicios autonómicos y regionales, me gustaría hacer una recopilación de los motivos por los que no participo, a fin tanto de ordenar mis ideas como de divulgarlas.
Sin más preámbulos, no voto porque...
1. La PROBABILIDAD de que algunos de los pocos votos individuales (el único que cambia por mi acción u omisión) que podré emitir a lo largo de mi vida tenga alguna influencia significativa es prácticamente cero. Mi voto tendría que decantar el escaño decisivo para la suma decisiva; de lo contrario, será completamente inútil a los efectos a los que está supuestamente destinado. Al igual que nadie sale cada noche a registrar todas las fuentes de la ciudad por si en alguna hubiera monedas, ya que, aunque es cierto que hay una posibilidad de enriquecerse si se tiene suerte, es de una probabilidad ridícula que no compensa el esfuerzo; yo no gastaré tiempo y energía votando si la probabilidad de que influya es igual de ridícula, y lo es. Echar la quiniela ofrece una probabilidad superior de beneficios mayores.
2. Aún si influyera, EMITIR UN VOTO NO LEGITIMA TODO lo que actualmente la ley y la sociedad le permite legitimar:
a. Limita o condiciona los derechos naturales que creo que los demás tienen (derechos fundamentales negativos a la vida, libertad, propiedad; y sus derivados)
b. Lo hace desigualmente para las diferentes personas (en función del género o sexo, de la renta o riqueza, del lugar de residencia u origen)
c. Crea derechos que no existen más que por la fuerza del Estado: “derecho a la alimentación/Internet/vivienda/alimentación/no ser ofendido”
d. Crea obligaciones que no existen más que por la fuerza del Estado: renunciar a parte de los derechos fundamentales (2.a) para garantizar a otros su “derecho” a la alimentación/Internet/vivienda/alimentación/ no ser ofendido
e. Arrebata la riqueza o encierra indirectamente en la cárcel a quienes no se comporten como a mí me gustaría que lo hicieran
Y como no me siento más legitimado a decir a los demás cómo vivir por tener una papeleta, no la uso.
3. Aún en cuestiones sobre las que sí pueda considerar legítimo votar, LA DEMOCRACIA TIENE ALGUNOS PROBLEMAS INHERENTES y estudiados que, una vez conocidos, me hacen incómodo participar de la misma:
a. El demos es arbitrario. ¿Por qué las fronteras de Cantabria acaban donde acaban? ¿Por qué un milímetro más allá un ser humano tiene otros derechos? ¿Por qué a un lado del monte pago X de IRPF y al otro Y? ¿Por qué alguien desconocido de Reinosa puede pretender afectar a mi vida de un modo en que un amigo de León no puede? Pues porque tras siglos de luchas por el poder más o menos sangrientas o pacíficas, y decisiones no consultadas, las fronteras han quedado así. Las fronteras no han nacido de un proceso democrático, ni tiene sentido que nos afecten en este sentido para quien crea en la igualdad entre las personas. Lo mismo puede plantearse a escala nacional.
b. El demos afecta a quien no participa. La democracia puede ser un procedimiento razonable para resolver ciertas cuestiones irremediablemente colectivas, pero todos quienes participen en la misma deberían opinarlo: “voy a votar sobre esto, teniendo una opción de imponeros mi modo de verlo. A cambio, aun si pierde mi opción, acataré la decisión”. Pero yo digo: “No quiero votar sobre esto, para no verme directamente afectado por el resultado que podríais generar. A cambio, aún si el resultado de lo que votéis me pudiera beneficiar, no tendré derecho a obtenerlo”. El contrato social no existe, pues no ha sido firmado explícitamente (frente a quien diga que se acepta implícitamente, hay quienes incluso disentimos explícitamente). Como tal, será otra cosa distinta a un contrato, perdiendo la facultad de obligar a quien desee incumplirlo. Si falla el engaño sobre el contrato social, no hay un acuerdo entre adultos ni legitimidad a la que aludir: sólo por la mentira y la amenaza de fuerza o robo se cumplen las leyes.
c. Ignorancia racional del votante. Explicado en el punto 1. El coste cierto de informarse y decidir sesudamente el voto es infinitamente excesivo en relación con la probabilidad de que ese voto sea útil. En consecuencia, el proceso subconsciente racional para un votante es permanecer ignorante e irreflexivo y optar, para obtener al menos un beneficio seguro, por introducir la papeleta que más exalte sus sentimientos o reconforte a sus prejuicios, siendo esto lo que realmente le motiva. Para cada individuo por separado, esta acción tiene sentido; pero cuando cada votante hace esto, el resultado agregado es irracional y sufrido por todos.
d. Ley de hierro de las oligarquías. Definida por el sociólogo Robert Michels, establece que toda forma de organización, sin importar lo democrática que comience siendo, acaba tendiendo a funcionar de forma oligárquica, sobre todo en grupos grandes y complejos.
Esto está sobradamente acreditado por toda la historia humana en sus diferentes regímenes políticos (Imperio Romano, Alemania, Italia, Rusia), y es independiente de lo democrático que sean estos al comienzo. Es por ello que quienes comienzan yendo al Congreso en metro tienden a acabar enamorados de las moquetas y olvidándose de aquellos que lo auparon a su puesto. También el sociólogo Gaetano Mosca describió algo similar en su libro La clase política, donde establece que este estrato se convierte en algo distinto y opuesto al resto de ciudadanos.
Hay honrosas excepciones, pero sólo en política, donde uno sabe que el coste de las malas decisiones se socializa, comete uno la osadía de tomar las decisiones basadas en las excepciones y no en la norma. Y, desde luego, las excepciones son tan infrecuentes que no se arremolinan en torno a un partido, pues, para empezar, no configurarían una lista completa.
e. Paradoja de Arrow. Teorema matemático que demuestra que, cuando en una votación hay más de dos alternativas, no es posible diseñar un sistema de votación que permita reflejar las preferencias de los individuos en una preferencia global de la comunidad de modo que al mismo tiempo se cumplan ciertos criterios (ausencia de un “dictador”, eficiencia de Pareto, independencia de alternativas irrelevantes). No explico aquí cada criterio porque sería muy largo. A efectos prácticos, todo ello significa que dependiendo de la regla de agregación de votos, los resultados de unas mismas votaciones pueden cambiar, sin que esto obedezca a un criterio justificable, no estando claro qué regla de agregación es la “democrática”.
f. Simplificación del discurso y las medidas. Los discursos y medidas simples son entendidas por todos; los complejos, sólo por una parte. De ahí que tiendan a primar lo simple, que suele ser incorrecto. Vuelve a haber excepciones, y a lo dicho sobre ellas (3.d) me remito.
g. Cortoplacismo. Derivado de la intrínseca característica de la democracia que permite sustituir al mandatario cada poco tiempo. El cortoplacismo impide la propuesta aplicación de medidas que podrían ser razonablemente deseadas por los votantes o, de proponerse, su aplicación.
h. Selección adversa. En política, no triunfa quien mejor gobierna para el mayor número de personas. Esa estrategia es lenta y menos eficiente que la que citaré a continuación. Triunfa quien mejores capacidades muestra para engañar a los votantes lo máximo posible al mínimo coste y traicionar a los compañeros. En un pueblo de 500 habitantes puedo ocurrir de otro modo. Y no es que no se pueda intentar a escalas superiores. Pero de entre cientos, miles o millones de ciudadanos, quien ha reunido méritos para gobernar al resto, dentro de esa dura competición, es con casi total seguridad quien ha escogido la estrategia más eficiente. Piénsese al modo darwiniano: no es que no pueda nacer un erizo sin pinchos, o un camaleón que no se camufle, es que se lo comerían antes que al resto.
i. Democracia para algunos. Aunque la voluntad de los ciudadanos se canalice hasta la caricatura a través de cientos de procedimientos, en las relaciones de poder entre los políticos, y más aún entre los Estados, reinan la anarquía, la voluntad y la ley del más fuerte, inteligente o aprovechado. En alguna instancia tienen que acabar necesariamente los procedimientos, y estos acaban precisamente en quienes más sujeción a ciertas normas necesitaríamos que tuvieran.
j. Tragedia de los comunes. Fenómeno descrito por el ecólogo estadounidense Garrett Hardin. Individual y racionalmente, todos tenemos incentivos a cuidar/pagar/trabajar/aportar lo mínimo posible a los recursos colectivos; y, por contraparte, a intentar recibir lo máximo posible de ellos. Estos comportamientos individuales se agregan y ese recurso acaba sobreexplotado y menguado, en prejuicio de todos. Como esto es previsible y probado con ejemplos (véase la Seguridad Social), sólo lo irremediablemente colectivo, lo que no pueda ser privado, debería gestionarse de una forma colectiva.
4. ESPAÑA NO ES UNA DEMOCRACIA, siendo este el pretexto para votar. Votar es una condición necesaria, pero no suficiente, de una democracia. Repasemos qué otras muchas condiciones podrían exigirse y no se cumplen:
a. Financiación de los partidos. Es obligatoriamente a cuenta del Estado y sus unidades territoriales, en lugar de financiarse exclusivamente por contribución de sus propios miembros o simpatizantes, como ha ocurrido históricamente en otras sociedades. Esto tiene varios efectos:
i. Impide que los partidos sean organizaciones de la sociedad civil que tomen el control del Estado, haciendo que sean, más bien, una parte del Estado tomando el control de la sociedad.
ii. Establece la lealtad del partido hacia los intereses propios del Estado, que es quien le paga. Estos intereses son recaudar, crecer y legislar lo máximo posible, ampliando ese límite cada vez más. En el caso de las CCAA, financiando los partidos se aseguran mantener su existencia como principal interés propio.
Estos intereses son sólo una parte de las opciones políticas posibles, pero son la totalidad de las aplicables debido a esta financiación pública.
iii. Elimina la lealtad hacia el contribuyente, que lo tiene que padecer independientemente de si lo apoya. Así, ocurre que uno puede encontrarse financiando forzosamente discursos con los que no simpatiza.
b. Principio representativo. Condición obviamente necesaria en una democracia representativa: que otro actúe en tu nombre exige que le hayas designado a tal efecto, y ese que actúa debe ser un ser humano a quien poder fiscalizar. En España no existe representación política por los siguientes motivos, que ilustraré con ejemplos:
i. No se vota a personas, sino a listas elaboradas por los jefes de los partidos. Es por ello que Pablo Iglesias pudo dejar tirados a los madrileños que creían erróneamente haberle votado al introducir la papeleta de Podemos en 2021; o que Gallardón pudo renunciar a la alcaldía de Madrid en 2011 cuando sus intereses cambiaron.
ii. Existe disciplina de voto. Los parlamentarios no tienen capacidad legislativa propia: aprietan el botón que el jefe de partido dice. Por un lado, los partidos políticos prevén procedimientos sancionadores en casos de indisciplina; y al pagar el contribuyente estas sanciones, queda refrendado el sistema como no representativo. Por otro lado, la mayoría de parlamentarios está muy conforme con esta disciplina, lo que deja claro que creen que esa es su función, y que representar no lo es.
iii. El legislador no debe nada al ciudadano, sino al político responsable de que haya acabado en la lista. En otros sistemas (como Reino Unido), existen circunscripciones electorales que eligen a su parlamentario, que responde ante esta región y puede ser depuesto por mayoría de la misma a medio mandato.
c. Separación de poderes. Montesquieu: “Todo hombre con poder se inclina a abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder, es necesario que el poder detenga al poder”. Añade que no sólo es necesario que haya diferentes personas en cada poder, sino que sean designadas por separado en origen. James Madison: “si ambiciones controlan a las ambiciones, el ciudadano puede dormir tranquilo”. En España no existe separación de poderes, sino un poder compadreado que divide sus funciones por razones prácticas y de apariencia. Lo explicaré a nivel nacional, si bien a nivel autonómico se reproduce la misma lógica:
i. El Gobierno es elegido por el Congreso. El poder legislativo elige al poder ejecutivo, es decir: quienes redactan las leyes eligen quiénes las van a aplicar, de modo que se pierde el sentido que tenía que fueran personas diferentes. En otros países (EEUU, Francia), existen elecciones presidenciales separadas, y en algunos se dan a doble vuelta para evitar la paradoja de Arrow (3.e).
ii. El Gobierno se sienta en el Congreso. Varios miembros del Gobierno impulsan las leyes que después ejecutarán. Esto incentiva que las leyes sean redactadas de tal modo que puedan ser ejecutadas como ellos deseen. Entre estos gobernantes-legisladores, para más inri, hay personas que ni siquiera han sido indirectamente elegidas en listas, sino que son ministros designados por el presidente. En particular, el presidente puede impulsar fácilmente las leyes que desee ejecutar proponiéndolas al grupo del que también es jefe, obligándoles a votarla y votándola él mismo. Es habitual escuchar “El Gobierno va a legislar sobre tal o cual”, u oír a la oposición lamentarse de que el Gobierno no legisle sobre determinada materia.
iii. El Poder Judicial no es independiente por varias causas:
- La fiscalía depende del Gobierno, tal como explicó Pedro Sánchez.
- Nadie fiscaliza las justificaciones de indultos claramente ideológicos.
-Selección de los 12 miembros del Tribunal Constitucional: 4 del Congreso, 4 del Senado, 2 del Gobierno y 2 del Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno elige dos directamente, y puede maniobrar fácilmente con sus propios miembros y parlamentarios del partido para elegir otros ocho. Quedan dos, dependientes del CGPJ.
- Selección de los 20 vocales del CGPJ (567.2 LOPJ): 10 por el Congreso y 10 por el Senado, por 3/5 en ambos casos. En este caso, es una mezcla de Gobierno y legisladores quienes injieren en la justicia.
d. Constitución. Art. 16 de la Declaración de Derechos del hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa: “Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada, la separación de poderes, carece de Constitución”. La llamada Constitución Española es un conjunto de aspiraciones escritas que revisten de apariencia legítima al régimen político, pero no constituye los elementos necesarios para hablar de democracia. Nuestra “Constitución” no sólo no evita todo lo citado en este punto 4, sino que lo consagra para que no pueda ser de otra manera.
EPÍLOGO
Sin más preámbulos, no voto porque...
b. Lo hace desigualmente para las diferentes personas (en función del género o sexo, de la renta o riqueza, del lugar de residencia u origen)
c. Crea derechos que no existen más que por la fuerza del Estado: “derecho a la alimentación/Internet/vivienda/alimentación/no ser ofendido”
d. Crea obligaciones que no existen más que por la fuerza del Estado: renunciar a parte de los derechos fundamentales (2.a) para garantizar a otros su “derecho” a la alimentación/Internet/vivienda/alimentación/ no ser ofendido
e. Arrebata la riqueza o encierra indirectamente en la cárcel a quienes no se comporten como a mí me gustaría que lo hicieran
b. El demos afecta a quien no participa. La democracia puede ser un procedimiento razonable para resolver ciertas cuestiones irremediablemente colectivas, pero todos quienes participen en la misma deberían opinarlo: “voy a votar sobre esto, teniendo una opción de imponeros mi modo de verlo. A cambio, aun si pierde mi opción, acataré la decisión”. Pero yo digo: “No quiero votar sobre esto, para no verme directamente afectado por el resultado que podríais generar. A cambio, aún si el resultado de lo que votéis me pudiera beneficiar, no tendré derecho a obtenerlo”. El contrato social no existe, pues no ha sido firmado explícitamente (frente a quien diga que se acepta implícitamente, hay quienes incluso disentimos explícitamente). Como tal, será otra cosa distinta a un contrato, perdiendo la facultad de obligar a quien desee incumplirlo. Si falla el engaño sobre el contrato social, no hay un acuerdo entre adultos ni legitimidad a la que aludir: sólo por la mentira y la amenaza de fuerza o robo se cumplen las leyes.
c. Ignorancia racional del votante. Explicado en el punto 1. El coste cierto de informarse y decidir sesudamente el voto es infinitamente excesivo en relación con la probabilidad de que ese voto sea útil. En consecuencia, el proceso subconsciente racional para un votante es permanecer ignorante e irreflexivo y optar, para obtener al menos un beneficio seguro, por introducir la papeleta que más exalte sus sentimientos o reconforte a sus prejuicios, siendo esto lo que realmente le motiva. Para cada individuo por separado, esta acción tiene sentido; pero cuando cada votante hace esto, el resultado agregado es irracional y sufrido por todos.
d. Ley de hierro de las oligarquías. Definida por el sociólogo Robert Michels, establece que toda forma de organización, sin importar lo democrática que comience siendo, acaba tendiendo a funcionar de forma oligárquica, sobre todo en grupos grandes y complejos.
Esto está sobradamente acreditado por toda la historia humana en sus diferentes regímenes políticos (Imperio Romano, Alemania, Italia, Rusia), y es independiente de lo democrático que sean estos al comienzo. Es por ello que quienes comienzan yendo al Congreso en metro tienden a acabar enamorados de las moquetas y olvidándose de aquellos que lo auparon a su puesto. También el sociólogo Gaetano Mosca describió algo similar en su libro La clase política, donde establece que este estrato se convierte en algo distinto y opuesto al resto de ciudadanos.
Hay honrosas excepciones, pero sólo en política, donde uno sabe que el coste de las malas decisiones se socializa, comete uno la osadía de tomar las decisiones basadas en las excepciones y no en la norma. Y, desde luego, las excepciones son tan infrecuentes que no se arremolinan en torno a un partido, pues, para empezar, no configurarían una lista completa.
e. Paradoja de Arrow. Teorema matemático que demuestra que, cuando en una votación hay más de dos alternativas, no es posible diseñar un sistema de votación que permita reflejar las preferencias de los individuos en una preferencia global de la comunidad de modo que al mismo tiempo se cumplan ciertos criterios (ausencia de un “dictador”, eficiencia de Pareto, independencia de alternativas irrelevantes). No explico aquí cada criterio porque sería muy largo. A efectos prácticos, todo ello significa que dependiendo de la regla de agregación de votos, los resultados de unas mismas votaciones pueden cambiar, sin que esto obedezca a un criterio justificable, no estando claro qué regla de agregación es la “democrática”.
f. Simplificación del discurso y las medidas. Los discursos y medidas simples son entendidas por todos; los complejos, sólo por una parte. De ahí que tiendan a primar lo simple, que suele ser incorrecto. Vuelve a haber excepciones, y a lo dicho sobre ellas (3.d) me remito.
g. Cortoplacismo. Derivado de la intrínseca característica de la democracia que permite sustituir al mandatario cada poco tiempo. El cortoplacismo impide la propuesta aplicación de medidas que podrían ser razonablemente deseadas por los votantes o, de proponerse, su aplicación.
h. Selección adversa. En política, no triunfa quien mejor gobierna para el mayor número de personas. Esa estrategia es lenta y menos eficiente que la que citaré a continuación. Triunfa quien mejores capacidades muestra para engañar a los votantes lo máximo posible al mínimo coste y traicionar a los compañeros. En un pueblo de 500 habitantes puedo ocurrir de otro modo. Y no es que no se pueda intentar a escalas superiores. Pero de entre cientos, miles o millones de ciudadanos, quien ha reunido méritos para gobernar al resto, dentro de esa dura competición, es con casi total seguridad quien ha escogido la estrategia más eficiente. Piénsese al modo darwiniano: no es que no pueda nacer un erizo sin pinchos, o un camaleón que no se camufle, es que se lo comerían antes que al resto.
i. Democracia para algunos. Aunque la voluntad de los ciudadanos se canalice hasta la caricatura a través de cientos de procedimientos, en las relaciones de poder entre los políticos, y más aún entre los Estados, reinan la anarquía, la voluntad y la ley del más fuerte, inteligente o aprovechado. En alguna instancia tienen que acabar necesariamente los procedimientos, y estos acaban precisamente en quienes más sujeción a ciertas normas necesitaríamos que tuvieran.
j. Tragedia de los comunes. Fenómeno descrito por el ecólogo estadounidense Garrett Hardin. Individual y racionalmente, todos tenemos incentivos a cuidar/pagar/trabajar/aportar lo mínimo posible a los recursos colectivos; y, por contraparte, a intentar recibir lo máximo posible de ellos. Estos comportamientos individuales se agregan y ese recurso acaba sobreexplotado y menguado, en prejuicio de todos. Como esto es previsible y probado con ejemplos (véase la Seguridad Social), sólo lo irremediablemente colectivo, lo que no pueda ser privado, debería gestionarse de una forma colectiva.
ii. Establece la lealtad del partido hacia los intereses propios del Estado, que es quien le paga. Estos intereses son recaudar, crecer y legislar lo máximo posible, ampliando ese límite cada vez más. En el caso de las CCAA, financiando los partidos se aseguran mantener su existencia como principal interés propio.
Estos intereses son sólo una parte de las opciones políticas posibles, pero son la totalidad de las aplicables debido a esta financiación pública.
iii. Elimina la lealtad hacia el contribuyente, que lo tiene que padecer independientemente de si lo apoya. Así, ocurre que uno puede encontrarse financiando forzosamente discursos con los que no simpatiza.
ii. Existe disciplina de voto. Los parlamentarios no tienen capacidad legislativa propia: aprietan el botón que el jefe de partido dice. Por un lado, los partidos políticos prevén procedimientos sancionadores en casos de indisciplina; y al pagar el contribuyente estas sanciones, queda refrendado el sistema como no representativo. Por otro lado, la mayoría de parlamentarios está muy conforme con esta disciplina, lo que deja claro que creen que esa es su función, y que representar no lo es.
iii. El legislador no debe nada al ciudadano, sino al político responsable de que haya acabado en la lista. En otros sistemas (como Reino Unido), existen circunscripciones electorales que eligen a su parlamentario, que responde ante esta región y puede ser depuesto por mayoría de la misma a medio mandato.
ii. El Gobierno se sienta en el Congreso. Varios miembros del Gobierno impulsan las leyes que después ejecutarán. Esto incentiva que las leyes sean redactadas de tal modo que puedan ser ejecutadas como ellos deseen. Entre estos gobernantes-legisladores, para más inri, hay personas que ni siquiera han sido indirectamente elegidas en listas, sino que son ministros designados por el presidente. En particular, el presidente puede impulsar fácilmente las leyes que desee ejecutar proponiéndolas al grupo del que también es jefe, obligándoles a votarla y votándola él mismo. Es habitual escuchar “El Gobierno va a legislar sobre tal o cual”, u oír a la oposición lamentarse de que el Gobierno no legisle sobre determinada materia.
iii. El Poder Judicial no es independiente por varias causas:
- Nadie fiscaliza las justificaciones de indultos claramente ideológicos.
-Selección de los 12 miembros del Tribunal Constitucional: 4 del Congreso, 4 del Senado, 2 del Gobierno y 2 del Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno elige dos directamente, y puede maniobrar fácilmente con sus propios miembros y parlamentarios del partido para elegir otros ocho. Quedan dos, dependientes del CGPJ.
- Selección de los 20 vocales del CGPJ (567.2 LOPJ): 10 por el Congreso y 10 por el Senado, por 3/5 en ambos casos. En este caso, es una mezcla de Gobierno y legisladores quienes injieren en la justicia.
¿Puedes negar algo de lo que he dicho? Si no puedes, ¿por qué votas tú?
En primer lugar, deja de mentirte a ti y a los demás. Sólo los políticos y los actores tienen que fingir para ganarse la vida. El resto podemos disfrutar del valor de ser coherentes y tener respuestas claras que poder enunciar en voz alta.
En segundo lugar, divulga todo esto.
BIBLIOGRAFÍA
· El mito del votante racional – Caplan, Bryan (2007)
· Liberalismo – Rallo, Juan Ramón (2019)
· La esclavitud en Massachusetts - Thoureau, Henry David (1854)
· Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789)
· El espíritu de las leyes - Montesquieu (1748)
· El Federalista nº47 - Madison, James (1788)
· Liberalismo – Rallo, Juan Ramón (2019)
· La esclavitud en Massachusetts - Thoureau, Henry David (1854)
· Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789)
· El espíritu de las leyes - Montesquieu (1748)
· El Federalista nº47 - Madison, James (1788)
· Gil Robles prediciendo que la Constitución no traería democracia
· Adolfo Suárez sobre la orientación del referéndum de la CE
· Alfonso Guerra sobre la no independencia del TC
· Adolfo Suárez sobre la orientación del referéndum de la CE
· Alfonso Guerra sobre la no independencia del TC
